Según la superintendencia de industria y comercio, el empresario, en un sistema de libre comercio como el que vivimos en Colombia, es quien puede asignar el precio a sus producto y este no puede ser impuesto o reglamentado por el estado con tal de que se cumpla con los impuesto exigidos. Por lo tanto, opiniones acerca de los precios de los alimentos no tendrán validez y no podrán regir la decisión para fijar los mismos.

Los sistemas de comercio justo, los cuales se fundamentan en el acceso directo de los agricultores a los beneficios del sistema comercial sin intermediarios, se contraponen a la responsabilidad social de las empresas, consorcios o multinacionales que se fundamenta en destinar un poco de lo ganado a obras sociales, que en muchos casos fomentan la mendicidad y no el bienestar de la comunidad beneficiada, mediante el recaudo de fondos usados para apoyar campañas o en general para evadir, en algunos casos, impuestos a través de organizaciones creadas para ello.

La producción convencional se basa en el uso de materias primas baratas obtenidas de una agricultura basada en la producción de excedentes que usa insumos y maquinaria subsidiados por países desarrollados con el fin de que la industria de alimentos acceda a ellas a bajos costos y produzca alimentos procesados económicos a base de trigo, maíz, soja, entre otros, con aditivos como: preservantes, saborizantes, estabilizantes, vitaminas y minerales. Luego, la mano de obra es reducida y reemplazada por maquinaria. Esto se convierte en un ciclo económico que no existe en los países en vía de desarrollo o emergentes.

 

Aquellas personas que piden alimentos ecológicos a precios asequibles desconocen lo que implica hacer agricultura ecológica e incluso agricultura convencional. La agricultura no es subsidiada por los productores agrícolas, sino que están siendo financiados por personas que no trabajan en el campo, pero que tiene su dinero invertido en un cultivo, por ende los denominados agricultores, en su mayoría, no son más que administradores y personas que trabajan en el campo a los que se les paga salarios ínfimos por sus jornales que no incluyen seguridad social, horas extras, festivos o vacaciones. Por este motivo se pueden producir alimentos baratos que llegan a las plazas de mercado y que todos podemos comprar.

Hace unos meses atrás los precios de los alimentos tuvieron un alza que nunca habíamos visto (papa criolla por encima de 5000 pesos), pero siguieron llegando en grandes cantidades a los centros de distribución. Se trataba de producción convencional que contaba con sistema de riego porque, por el contrario, los alimentos ecológicos garantizados no llegaron por cantidades a los sitios donde se distribuían y sus precios estuvieron por debajo de los precios de los productos convencionales, tanto así que incluso quienes revendían alimentos ecológicos tuvieron que comprar estos a los productores ecológicos ya que en las plazas de mercado, donde normalmente compraban, eran más costosos. Todo esto se dio a causa de la poca disponibilidad y el fenómeno de sequía que estamos viviendo, entonces  nos preguntamos ¿porqué no hay reclamos de los que defienden los precios asequibles para los consumidores?

En las fincas ecológicas se ha visto desde noviembre del año 2015 una reducción de hasta un 60% en el peso de las hortalizas ecológicas por el fenómeno de verano. Esto obligaría a incrementar los costos de producción y por ende los precios de venta por encima de lo que están actualmente. Aplicaría para los productos ecológicos que cumplen con un aval y certificación ecológica que le permite al consumidor estar seguro de lo que adquiere.

Por último, para tratar de fijar los precios de los alimentos ecológicos se toma el precio SIPSA más un porcentaje para comprar los productos orgánicos a los agricultores o quizás a los agricultores intermediarios antes de venderlos al consumidor final y se aplican todos los costos del proceso comercial: empaques, empleados a quienes se les paga el salario mínimo con prestaciones, impuestos que tienen las tiendas, entre otros. En Colombia los agricultores deben cumplir ciertos parámetros para poder ofertar un alimento ecológico, de modo que también es obligación de las tiendas hacerlo, de lo contrario trabajarían con publicidad engañosa lo cual es castigado por la ley.

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Costos de producción para el 2015 en los que incurre un agricultor ecológico avalado por el aval de confianza RECAB y con certificación ecológica y de BPA para la agricultura ecológica que se comercializaran a través de la marca Ökoterra. Se aclara que los costos de producción no son los mimos que el precio de venta; en la fijación del precio de venta se incurre en otros costos.

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Es interesante observar en esta gráfica que el 54% de los costos de producción de zanahoria ecológica se destinan a la mano de obra, uno de los principales aportes de los alimentos ecológicos en relación a la generación de empleo que realmente favorece que los agricultores permanezcan en su predios conservando la naturaleza.

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La figura anterior muestra que el 47% de los costos generados en mano de obra se destinan a la cosecha adecuada de los alimentos ecológicos, seguido con el 23% para la preparación del terreno y el manejo de los arvenses que en agricultura convencional es muy económico ya que se usan herbicidas pre emergentes y maquinaria, por último el 22%  se destina al monitoreo y al manejo ecológico de plagas y enfermedades, contrario a lo que todos piensan que en la agricultura ecológica no se presentan plagas o enfermedades.

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Para este cultivo de zanahoria el 40% de los gastos se hace en los insumos que se deben preparar para el manejo de la nutrición del suelo en donde se incluyen los abonos orgánicos preparados en el predio; el 18% en canastillas para empacar, interesantes es que el trasporte desde la finca a el pueblo representa el 14% de los costos. El tema de implementación de certificación y aval de confianza representa un 10% y el acompañamiento el 6%.